Las medidas pretenden reforzar la lucha contra las bandas y
hacer aún más eficaz el estado de excepción en el país, según los legisladores.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles
26 de julio dos medidas para reforzar la lucha contra las pandillas y hacer aún
más eficaz el régimen excepcional en el país.
La primera medida es
una disposición transitoria especial para el procesamiento de detenidos
acusados bajo el régimen excepcional, que pretende facilitar el procesamiento
judicial de los miembros de las pandillas por parte de la Fiscalía General y
los jueces del país.
Esto significa que tanto la Fiscalía General puede acusar a
grupos, como los jueces pueden dictar condenas colectivas contra miembros de
bandas que pertenezcan a una misma estructura delictiva, como una
"clica", por ejemplo, y que estén acusados de los mismos delitos.
La segunda medida es una reforma de la Ley contra la
Delincuencia Organizada, que implica aumentar las penas de prisión para los
líderes de las bandas en un tercio de la pena máxima por cada delito condenado.
Los diputados pusieron como ejemplo que, si un delito
contemplado en la Ley contra la Delincuencia Organizada tiene una pena máxima
de 45 años, para un líder de banda, la pena de prisión podría ser de hasta 60
años.
Los diputados aprobaron ambas medidas legislativas con 67
votos.
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