La investigación detectó altos niveles de corrupción por
parte del militar retirado y ex ministro de Defensa de El Salvador.
Munguía y su esposa fueron
inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años, según establece la
ley contra el enriquecimiento ilícito. Las hijas Munguía Payes fueron
exoneradas, ya que la Fiscalía las interrogó sobre $ 3.362,50 dólares.
Ayer, la Sala Tercera de lo Civil de San Salvador condenó al ex ministro de Defensa Nacional, David Victoriano Munguía Payés, y a su esposa, Sandra Dinora Molina de Munguía, por el delito de enriquecimiento ilícito por valor de $ 462.732,81 dólares. Junto con la condena, la pareja también fue inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante diez años, según la sentencia de la Sala.
Durante la audiencia probatoria, los magistrados dictaminaron que Munguía Payés se enriqueció en $ 459.123,74 dólares mientras ocupaba el cargo de Ministro de Defensa Nacional durante el mandato presidencial de Mauricio Funes. La cantidad era $ 32.174 dólares menos de lo que había exigido la Fiscalía. La cantidad en cuestión está relacionada con once irregularidades que Munguía Payés no pudo justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Estas irregularidades incluyen múltiples depósitos a plazo fijo en diferentes bancos, incluyendo 39 depósitos en una cuenta de ahorros para el arrendamiento de una propiedad que no le pertenecía. Además, la suma de $ 20.000 dólares del importe total de $ 100.000 dólares pagados por una propiedad en Tamanique, La Libertad, y el pago de una cuenta de tarjeta de crédito por valor de $ 55.595 dólares.
La causa contra Munguía Payés y
su esposa ha estado pendiente durante años, pero la condena pone por fin a este
sonado caso de corrupción. La sentencia es una clara indicación de que nadie
está por encima de la ley, independientemente de su cargo o poder. Envía a
todos los funcionarios públicos el firme mensaje de que tendrán que rendir
cuentas de sus actos, y de que no pueden utilizar sus cargos para enriquecerse
o enriquecer a sus familias. La decisión del tribunal es una victoria
significativa para la justicia y el Estado de derecho en El Salvador. Es un
paso en la dirección correcta para luchar contra la corrupción y garantizar que
los funcionarios públicos rinden cuentas de sus actos.
MMDprensa. Carlos Segura
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